educacion-encrucijada

Se me pide que hable de cuál es mi visión de la educación secundaria en España, después de haber dedicado varias décadas a la enseñanza de la filosofía en diversos institutos de Madrid, Aragón y Castilla y León.

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Ha habido un buen número de leyes orgánicas que han regulado la educación no universitaria a lo largo de mi carrera profesional (que comenzó en 1980); en conjunto, son siete, aunque sólo cuatro de ellas han traído consigo un cambio de la ordenación del sistema educativo en lo que se refiere al diseño de los diferentes niveles escolares y a las materias y contenidos que se debían impartir.

Estas cuatro son:

  1.  Ley General de Educación (LGE), de 1970.
  2. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990.
  3. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002.
  4. Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006.

Tanto afán legislativo hace pensar en que los que sucesivamente gobiernan España han buscado acomodar la educación a sus propias expectativas, que más bien son políticas, antes que meramente pedagógicas. En efecto, la LGE proviene de los últimos gobiernos de Francisco Franco, la LOGSE fue obra del gobierno socialista de Felipe González, la LOCE vio la luz durante el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, la LOE entró en vigor con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en estos momentos el gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, ha dado a conocer el anteproyecto de una nueva ley orgánica que supondrá otro cambio más en la ordenación del sistema educativo.

Ley General de Educación (LGE)

La LGE estableció que, tras la educación primaria, todos los alumnos españoles cursaran obligatoriamente una Educación General Básica (EGB) de ocho cursos, que concluía cuando los alumnos tenían normalmente catorce años. Después de esta etapa, venía la enseñanza secundaria postobligatoria, que se dividía entre el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), de tres cursos más el Curso de Orientación Universitaria (COU), y la Formación Profesional de Primer Grado, con dos cursos, que proporcionaba un título de cualificación y eventualmente daba acceso a la Formación Profesional de Segundo Grado, también de dos cursos. De este modo, la enseñanza secundaria postobligatoria era concluida por los alumnos entre los dieciséis y los dieciocho años.

Tanto afán legislativo hace pensar en que los que sucesivamente gobiernan España han buscado acomodar la educación a sus propias expectativas

Ocurría, no obstante, que la edad legal de entrar en el mercado de trabajo era, y es, de dieciséis años, por lo que aquellos alumnos que, una vez terminada la EGB a los catorce años, no desearan cursar ninguna de las opciones de la enseñanza secundaria postobligatoria, se quedaban dos años en su casa, mano sobre mano, hasta que cumpliesen la edad en la que podían ponerse a trabajar. Por este motivo, la LOGSE alargó la enseñanza obligatoria dos años más e instauró un nuevo sistema educativo, que es el vigente en la actualidad, con algunas modificaciones que introdujo la LOE.

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

Según determina la LOGSE, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se despliega en cuatro cursos y concluye cuando los alumnos tienen normalmente dieciséis años. Después de esta etapa, viene la enseñanza secundaria postobligatoria, que se divide entre el Bachillerato, de dos cursos, y los Ciclos Formativos de Grado Medio, igualmente de dos cursos. De este modo, la enseñanza secundaria postobligatoria concluye a los dieciocho años, y entonces los alumnos pueden optar por un puesto de trabajo acorde con su preparación o por los Ciclos Formativos de Grado Superior o por la entrada en la universidad, esto último, habiendo aprobado previamente una prueba de acceso y con el título de Bachillerato o de un Ciclo Formativo de Grado Superior.

Quizás tantos años estudiando disciplinas estrictamente académicas resulte excesivo para la orientación moderna

Una vez que la LOGSE entró en vigor, se fueron poniendo de manifiesto sus defectos. El primero, que se desprende de lo dicho en los párrafos anteriores, es que el bachillerato se convirtió en el más comprimido de toda la historia de la educación española, con sólo dos cursos para desarrollar todos los contenidos preuniversitarios que constituyen su razón de ser. El BUP, con el COU, constaba de cuatro cursos, y aun así, resultaba corto en comparación con los bachilleratos antiguos, como el del Plan de Estudios de 1957, que es el que yo estudié, el cual se extendía a lo largo de un Bachillerato Elemental, de cuatro cursos, y un Bachillerato Superior de dos cursos, más, al final, un Curso Preuniversitario.

Quizás tantos años estudiando disciplinas estrictamente académicas resulte excesivo para la orientación moderna, que busca una preparación más concreta con que enfrentarse a las cuestiones prácticas, pero los que cursamos aquellos estudios nos sentimos hoy muy satisfechos de la formación científica y humanística recibida, y la comparamos con la pobreza de lo que el presente sistema educativo permite aprender a nuestros alumnos de bachillerato, constreñidos por la escasez de horas lectivas.

Desde una perspectiva pragmática, semejante formación científica y humanística parece superflua, si de lo que se trata es de preparar operarios, pero la formación en ciencias y humanidades no sólo resulta ser el objetivo específico de los estudios de bachillerato, sino que es la que permite tener la amplitud de miras y el conocimiento del mundo que distinguen a los destinados a ocupar los puestos de mayor responsabilidad, a pesar de todo lo cual nos encontramos con que el actual sistema educativo lleva a la universidad alumnos faltos de una base de conocimientos generales que les facilite ser personas cultas.

El segundo y grave defecto de la educación secundaria propiciada por la LOGSE ha sido la uniformidad forzada de los alumnos que cursan la ESO. A todos se les mete en las mismas aulas y se les propone el mismo curriculum, sin embargo, son muchos los que ya en Primer Curso de la ESO manifiestan su oposición a la obligatoriedad de estudiar, porque están deseando ocuparse de otros menesteres antes que continuar entreteniéndose con pensamientos teoréticos. Ahora bien, los autores de la LOGSE decretaron que todos los adolescentes españoles eran iguales, tenían los mismos intereses vitales y todos debían permanecer en la escuela, para así aspirar a mejor posición social, aun contra su voluntad.

El segundo y grave defecto de la educación secundaria propiciada por la LOGSE ha sido la uniformidad forzada de los alumnos que cursan la ESO

Esta proposición de que todos los alumnos son a priori iguales es un manifiesto ideológico, es, por tanto, reflejo de los prejuicios políticos de quienes decretaron la nivelación del alumnado y planificaron un sistema educativo bajo la inspiración de la idea roussoniana del buen salvaje; no obstante, a la larga tuvieron que reconocer que, en efecto, existen alumnos abocados muy pronto a la actividad manual y no al estudio de los contenidos teóricos y se rebajó de los dieciséis a los quince años la edad de incorporación a los cursos que primero la LOGSE definió como Programas de Garantía Social y más tarde la LOE llamó Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), reservados a aquellos alumnos que, a pesar de todo, no obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria, los cuales, gracias a esta vía, pueden lograr una cualificación laboral mínima. Pero el caso es que, aun con el apoyo de los PCPI (que incluyen módulos voluntarios para aquellos alumnos que deseen obtener la graduación), es aproximadamente un veinte por ciento de los alumnos que comienzan la ESO el número de los que no consiguen nunca el título de Graduado.

Baste como ilustración la noticia de El País del cinco de septiembre de 2012 según la cual el 21,8 % del alumnado de ESO de Cataluña no llega a graduarse y un 26 % de los que finalizan la educación secundaria obligatoria en esta misma comunidad no continúan estudios posteriores. Si llevamos estas cifras al conjunto del Estado español, descubrimos que el 26,5 % de los jóvenes españoles no siguen sus estudios después de la etapa obligatoria, frente al 13,5 % de la media de la Unión Europea (véase El País del 8 de junio de 2012).

Puede que en estas cifras de fracaso escolar además influyan otros factores, pero a mi parecer resulta decisivo el diseño de nuestro sistema educativo, precisamente porque no contempla una alternativa temprana para los alumnos que manifiestan su voluntad de no estudiar, pese a quien pese. Hay pedagogos que afirman que a la edad en que se cursa la ESO los chicos todavía no saben lo que quieren y que, si abandonan la enseñanza que se les ofrece, perderán sus posibilidades de un mejor futuro, pero este argumento elude la consideración del hecho patente de que esos alumnos se niegan a estudiar, por lo que el tiempo que pasen en las aulas será tiempo perdido, aunque después alguno recapacite e intente enmendar su situación; para éstos, empero, ya hay en el propio sistema medios de recuperación.

Esta proposición de que todos los alumnos son a priori iguales es un manifiesto ideológico

Una vez efectuados los anteriores análisis, llegamos a la conclusión de que el actual sistema español de educación secundaria necesita un cambio, para, primero, reducir el fracaso escolar y, segundo, hacer del Bachillerato un tipo de estudios que permita realmente formar a los alumnos de cara a la universidad.

Mi experiencia me muestra que los alumnos que nunca terminan la ESO coinciden en su inmensa mayoría con los que carecen desde el principio de interés por el estudio de materias teóricas y, consecuentemente, son absentistas severos (prácticamente no pisan las aulas), no se molestan en preparar los exámenes e incluso se convierten en alumnos disruptivos, que perturban gravemente la convivencia en los centros. Es raro que estos alumnos lleguen a matricularse en Cuarto Curso de la ESO. No me estoy refiriendo, como es obvio, a aquellos alumnos con ganas de aprender, pero que tienen dificultades de aprendizaje, porque para éstos existe alternativa en el propio sistema, con los Programas de Diversificación Curricular y otras medidas de apoyo.

Ley Orgánica de Calidad de la Educación y Ley Orgánica de Educación (LOCE y LOE)

El sentido común nos dice que la manera de atender a los alumnos propensos desde jóvenes a rechazar los estudios teóricos es ofrecerles cuanto antes una vía distinta, encaminada a la formación profesional, que les dé la oportunidad de sacar provecho de su estancia en el instituto o colegio. La LOCE ya diseñó en 2002 diferentes itinerarios para los alumnos de Tercero y Cuarto Curso de la ESO, de acuerdo con la enseñanza postobligatoria que vayan a elegir, formación profesional o bachillerato. Por desgracia, la LOCE quedó abortada nada más entrar en vigor a causa del subsiguiente cambio de gobierno, puesto que los nuevos gobernantes (del PSOE) comulgaban con la idea de que todos somos iguales, lo que –según parece– para ellos implica que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas expectativas en la vida. Entonces, el nuevo gobierno promulgó la LOE, sustentada en la LOGSE y que reproduce el mismo error de ésta al mantener la antigua estructura de la enseñanza secundaria obligatoria.

El anteproyecto de ley que ha dado a conocer el actual gobierno contempla una vuelta a los itinerarios en los últimos cursos de la ESO. Concretamente, en Tercer Curso habrá un itinerario orientado a la formación profesional y otro, al bachillerato, mientras que el Cuarto Curso se divide definitivamente en dos opciones, una preparatoria de los estudios profesionales y otra preparatoria del bachillerato, aunque al final de Cuarto Curso a todos los alumnos se les expedirá el mismo título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Convertir una de las opciones de Cuarto Curso de la ESO en una especie de curso cero de Bachillerato implica que esta próxima ley también pretende ampliar la duración de éste, es de esperar que con el fin de que la añorada formación científica y humanística tenga la suficiente entidad. No obstante, esta solución no resulta la ideal, puesto que no se tratará de un curso estricto de bachillerato, con las exigencias que son propias de estos estudios.
Otra novedad del mentado anteproyecto es sustituir los PCPI por una Formación Profesional Básica de dos cursos y de carácter obligatorio dirigida a alumnos de quince años. También el sentido común nos dice que tal tipo de enseñanza puede contribuir a la disminución del fracaso escolar, dada precisamente su obligatoriedad para los alumnos disidentes del curriculum normal.

El anteproyecto de ley del gobierno también se ocupa de la reforma de las enseñanzas profesionales, que todavía hoy no terminan de cumplir con su misión de completar la formación de una parte importante del colectivo de jóvenes en proceso de preparación, porque no terminan de ser lo suficientemente atractivas para bastantes de ellos. De este modo, cabe esperar que más gente se decida a continuar sus estudios tras la etapa obligatoria y alcancemos, por fin, los niveles europeos de jóvenes con la adecuada formación.

En Conclusión

En definitiva, acaso la ley de educación que aguardamos sí sea el principio de una mejora de nuestras enseñanzas no universitarias, aunque todavía hay obstáculos, que la educación pública y concertada están viendo cómo disminuye el dinero invertido por el Estado en este capítulo y que queda sin resolver el gran problema de fondo: no se ha llegado a un pacto por la educación (intentado, pero no logrado, por el anterior ministro socialista de Educación) que impida lo que hasta ahora ha venido siendo la norma, que los partidos que alcanzan el gobierno de la nación pretendan siempre convertir el tema de la educación en un campo de batalla ideológico.

Que los encargados de redactar la próxima ley de educación sean capaces de guiarse por criterios pedagógicos antes que por una sumisión a su ideología política no acaba de estar claro, ya que el ministro de Educación en ejercicio sorprendió a la nación con su primera incongruencia, cuando, contrariando las promesas de hizo Mariano Rajoy en su discurso de investidura en el sentido de que iba a suprimir la Educación para la ciudadanía, se limitó a modificar por medio de un real decreto los contenidos de esta materia, después de haber declarado públicamente que no le gustaban aquellos anteriores contenidos que parecían favorecer la forma de pensar de las izquierdas y que iba a sustituirlos por otros contenidos, más de su gusto, como la alabanza a la iniciativa privada y a la libertad de mercado. De hecho, en el anteproyecto de ley se habla de suprimir esta materia en Educación Primaria, pero no en Educación Secundaria, a pesar de que su implantación cuando entró en vigor la LOE fue criticada por las derechas de este país aduciendo que iba contra la libertad de pensamiento de los mismos ciudadanos, pero los ahora gobernantes parecen dispuestos a continuar utilizándola –como ya hicieron los anteriores– para difundir las ideas que les son afines.

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Colaboración:

José Enrique García Pascua
Profesor de Filosofía